Los esquemas de “pasaporte dorado” son ilegales, dicta tribunal superior de la UE

Los esquemas de “pasaporte dorado” para inversionistas extranjeros con grandes recursos violan la ley de la Unión Europea, dictó el martes el tribunal más alto del bloque, tras un desafío legal contra Malta por parte de Bruselas.

La Comisión Europea había llevado a Malta ante el tribunal superior en 2022 debido a su programa, que permite a los no europeos comprar efectivamente la ciudadanía maltesa — y por ende, la de la UE — mediante pagos o inversiones definidas.

“La adquisición de la ciudadanía de la Unión no puede resultar de una transacción comercial”, dijo el Tribunal de Justicia de la UE, dictaminando que Malta había infringido la ley de la UE.

La decisión del martes es vinculante, y Malta debe detener el esquema o arriesgarse a fuertes multas.

El gobierno maltés dijo que respeta las decisiones del tribunal.

“Las implicaciones legales de este fallo están siendo estudiadas en detalle, para que el marco regulatorio sobre ciudadanía pueda alinearse con los principios establecidos en la sentencia”, dijo en un comunicado.

Malta considera que los “pasaportes dorados” emitidos anteriormente no se ven afectados, y afirmó que “las decisiones tomadas bajo el marco legislativo actual y el anterior siguen siendo válidas”.

La comisión acogió con satisfacción la sentencia del martes. “Ahora le corresponde a Malta implementar la sentencia del tribunal”, dijo el portavoz de la UE, Markus Lammert, a los periodistas.

Los ricos rusos y chinos utilizaron el esquema para obtener la ciudadanía de la UE a través de Malta.

Hubo esquemas similares en Chipre y Bulgaria, pero estos países los abandonaron posteriormente.

Malta excluyó las solicitudes de “pasaportes dorados” de rusos y bielorrusos después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando Europa intensificó su control sobre individuos vinculados al Kremlin.

El esquema de “pasaporte dorado” pone en peligro la confianza

El caso se remonta a 2020, cuando la comisión lanzó una acción legal. Malta se defendió diciendo que el derecho a otorgar la ciudadanía correspondía a los países individuales, no a Bruselas.

Aunque el tribunal subrayó que cada estado miembro tiene el derecho exclusivo de decidir sobre la nacionalidad, esta era una libertad que debe “ejercerse en cumplimiento de la ley de la UE”.

“Un estado miembro no puede otorgar su nacionalidad —y de hecho la ciudadanía europea— a cambio de pagos o inversiones predeterminadas, ya que esto equivale esencialmente a convertir la adquisición de la nacionalidad en una simple transacción comercial”, dijo el tribunal.

El esquema de Malta “infringe el principio de cooperación leal y pone en peligro la confianza mutua entre los estados miembros respecto al otorgamiento de su nacionalidad”, añadió.

El gobierno defendió el programa, diciendo que había generado 1.6 mil millones de dólares en ingresos para el país desde su inicio en 2015.

“Se realizaron inversiones significativas en sectores clave para mejorar la calidad de vida de los malteses y los habitantes de Gozo”, dijo el gobierno maltés en un comunicado.

La directora ejecutiva de Transparency International, Maira Martini, acogió con satisfacción el fallo que evitaría que otros estados miembros “vendieran” la ciudadanía de la UE en el futuro.

“Incontables casos han demostrado cómo estos esquemas han brindado refugio seguro a actores corruptos de todo el mundo”, dijo Martini.