No podemos hablar de inclusión financiera sin hablar de colaboración 

Hablar de inclusión financiera ya no puede limitarse a cifras o intenciones. Tampoco puede hacerse desde una sola trinchera. La verdadera inclusión, esa que reduce brechas estructurales, que le da a una madre soltera en Chiapas acceso a un seguro o que permite que un joven en Monterrey emprenda sin tarjeta de crédito, solo es posible si gobierno, banca, fintechs y asociaciones civiles se sientan en la misma mesa. 

Durante los últimos años he visto cómo la tecnología ha acelerado cambios antes impensables en el sector financiero. Pero también he visto cómo esos avances pueden estancarse si no hay voluntad de colaborar. La Ley Fintech en México, promulgada en 2018, fue un gran primer paso. Pero, siete años después, seguimos esperando una regulación completa para datos transaccionales y servicios de iniciación de pagos. Y eso está limitando que las soluciones lleguen a quienes más las necesitan. 

De la interoperabilidad a la confianza 

Uno de los grandes aprendizajes que nos deja Brasil con su implementación de Open Finance es que la tecnología no lo es todo. En tres años, lograron más de 60 millones de consentimientos y cuadruplicaron las llamadas API del Reino Unido. Pero ese avance no fue casualidad: fue el resultado de una estrategia coordinada entre reguladores, banca tradicional y nuevos jugadores. Y, sobre todo, fue una apuesta por construir confianza. 

Esa confianza se gana asegurando que los datos estén protegidos, que el usuario tenga el control total sobre su información, y que los productos financieros estén diseñados para resolver necesidades reales. En Belvo, por ejemplo, hemos trabajado con instituciones como Banamex para abrir líneas de crédito a personas sin historial, usando datos laborales del IMSS. Y también con empresas como Mercado Pago, que ajustan sus ofertas crediticias basándose en ingresos verificados en tiempo real. 

Pero nada de esto sería posible sin una infraestructura regulatoria que lo permita, sin la confianza del usuario para compartir sus datos, y sin la decisión de los bancos de abrir sus sistemas. Esa es la colaboración de la que hablo: una que va más allá de los comunicados conjuntos o los paneles compartidos. Una que implica compartir riesgos, invertir en educación financiera y dejar de ver la competencia como una amenaza. 

Un llamado urgente a los tomadores de decisiones 

No podemos seguir esperando que la inclusión financiera ocurra por inercia. Según el ENIF 2024, solo 71.8% de la población tiene al menos un producto financiero formal. Pero ese promedio esconde una realidad mucho más desigual: en el sur del país, apenas 64.5% de las  mujeres tienen acceso a estos servicios. La brecha de género, la desigualdad territorial y el rezago tecnológico siguen siendo barreras muy concretas. 

Es momento de que las asociaciones del sector, los bancos y los actores tecnológicos se alineen en una agenda común. Y que el gobierno, a través de la SHCP y la CNBV, acelere la emisión de normativas que permitan la interoperabilidad real. Las intenciones ya no bastan. 

En los próximos meses veremos la presentación de una nueva política pública para el desarrollo del ecosistema de finanzas digitales en México. Si no logramos que esta hoja de ruta surja desde el consenso y la participación activa de todos los actores, corremos el riesgo de crear un marco que deje fuera a quienes debería incluir. 

Brasil, Reino Unido y hasta Chile nos han mostrado que la regulación flexible pero exigente, combinada con incentivos claros para la innovación y la seguridad, puede dar resultados concretos en pocos años. No hay excusas para que México se quede atrás. 

La buena noticia es que la tecnología está lista. Las soluciones están probadas. Los casos de éxito existen. Lo que hace falta es una decisión política firme, y un compromiso del sector privado para construir un sistema financiero que sirva para todos.

No se trata de abrir datos por abrirlos, sino de usarlos para tomar mejores decisiones, reducir el riesgo y ofrecer crédito a quienes hoy siguen fuera del sistema, porque la inclusión financiera no es un KPI. Es una condición necesaria para el desarrollo del país.