El miércoles 21 de noviembre amanecimos con un titular enorme: desaparecen siete órganos autónomos en México. Con una mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló su desaparición.
Estos son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
La búsqueda de ¿qué es el INAI?, INAI, el IFT y Cofece son tendencias que continúan activas y han tenido un crecimiento de búsqueda de 600%, pues ya son muchos los mexicanos que se preguntan: si desaparecen estos órganos autónomos, ¿qué pasará con sus funciones? ¿Para qué servían?
Pero vamos por partes.
¿Qué es un organismo autónomo?
En México, un organismo autónomo es una institución del Estado que, aunque forma parte de la administración pública, goza de independencia operativa, presupuestaria y de decisión frente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Otras de sus características incluyen la neutralidad política y la rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso.
Estos organismos son creados por mandato constitucional o legal con el objetivo de garantizar la imparcialidad, transparencia y eficacia en la gestión de ciertas funciones clave del Estado, además de supervisar actividades clave de interés público, regular sectores estratégicos para la economía y la sociedad, garantizar derechos fundamentales y evitar la concentración de poder en el gobierno.
Ahora sí que funcionan como un contrapeso frente al Gobierno y actores políticos.
¿Qué hacían los órganos autónomos que desaparecieron?
INAI
Se encargaba de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y de proteger sus datos personales. Su labor era fomentar la transparencia en la gestión pública y resolver conflictos relacionados con solicitudes de información o protección de datos. Además, promovía la rendición de cuentas en las instituciones públicas.
Su participación fue crucial en la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, Caso Oderbrecht y la Estafa Maestra.
CONEVAL
El CONEVAL tenía como objetivo medir los niveles de pobreza en México mediante metodologías técnicas, además de evaluar los programas y políticas de desarrollo social. Con base en sus análisis, emite recomendaciones para mejorar las políticas públicas, fortaleciendo la rendición de cuentas en el uso de recursos destinados al desarrollo social.
Entre los avances de este organismo estuvo la generación de datos y plataformas accesibles para la ciudadanía.
Cofece
La Cofece regulaba los mercados para prevenir prácticas monopólicas y garantizar la libre competencia. Su trabajo promovía condiciones económicas justas para los consumidores, sancionaba actos que violaran las leyes de competencia y fomentó un desarrollo equilibrado de los mercados.
Entre sus acciones más conocidas estuvo las multas a bancos como Barclays y Deutsche Bank, por prácticas de colusión en el mercado de bonos gubernamentales. También sancionó a varias empresas farmacéuticas en 2021 por la manipulación de precios.
IFT
El IFT regula y supervisa el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Administra el espectro radioeléctrico, otorga concesiones y fomenta la competencia en estos sectores.
MEJOREDU
MEJOREDU trabajó en la creación de políticas que impulsaran la calidad educativa en México. Evalúa el sistema educativo nacional, promueve el desarrollo profesional de los docentes y genera lineamientos para fortalecer la educación.
CRE
La CRE regulaba las actividades relacionadas con la electricidad, el gas y el petróleo en México. Supervisó la generación, distribución y comercialización de energía, promovió la competencia en el sector y aseguró el acceso equitativo a servicios energéticos de calidad.
CNH
La CNH supervisó la exploración y extracción de hidrocarburos en el país. Reguló los contratos y asignaciones de la industria petrolera, estableció estándares técnicos para un uso eficiente y sostenible de los recursos y garantizó el cumplimiento de normativas ambientales en las actividades de explotación.