Las autoridades brasileñas investigan a BYD, el gigante chino de autos eléctricos, y a su contratista Jinjiang Construction Brazil Ltda, por posibles casos de tráfico de trabajadores chinos y explotación laboral en la construcción de una planta en el estado de Bahía, al noreste de Brasil. Este sitio, destinado a ser la mayor fábrica de vehículos eléctricos de BYD fuera de Asia, se ha visto envuelto en serias acusaciones.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Bahía, junto con otras entidades, llevó a cabo inspecciones desde noviembre. Según sus hallazgos, 163 trabajadores chinos empleados por Jinjiang fueron encontrados en “condiciones análogas a la esclavitud”.
Un portavoz del MPT afirmó que los operarios no contaban con colchones para dormir, compartían un baño por cada 31 trabajadores y sufrían jornadas prolongadas bajo el sol, lo que causó daños visibles en su piel. Además, sus pasaportes y parte de sus salarios fueron retenidos.
BYD Auto do Brasil anunció el lunes la rescisión inmediata del contrato con Jinjiang y afirmó haber trasladado a los trabajadores a hoteles. Las obras en parte del sitio fueron suspendidas por orden del MPT.
El contratista de BYD niega las acusaciones de las autoridades brasileñas
El MPT indicó que los empleados eran “víctimas de tráfico internacional con fines de explotación laboral”. Jinjiang negó las acusaciones, calificándolas como infundadas. La empresa aseguró que sus trabajadores “se sienten gravemente insultados” por la etiqueta de “esclavizados”. A través de la red social china Weibo, Jinjiang compartió una carta en la que rechaza las afirmaciones y adelantó que ofrecería una conferencia de prensa en Brasil.
Por su parte, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó que Beijing “da gran importancia a la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores”. También señaló que las empresas chinas deben operar conforme a las leyes y regulaciones.
Las autoridades brasileñas realizaron el jueves una audiencia con BYD y Jinjiang. Según informaron, ambas empresas se comprometieron a colaborar en la protección de los trabajadores rescatados. Aunque la construcción continúa parcialmente detenida, las investigaciones siguen su curso, y los fiscales federales evalúan acciones legales contra ambas compañías.
El caso ha puesto en el foco la situación de los trabajadores internacionales en grandes proyectos de infraestructura. BYD, una de las principales empresas de autos eléctricos del mundo, enfrenta ahora el desafío de aclarar su papel en las operaciones realizadas por su contratista.