
A unas calles de Ciudad Juárez, justo antes del cruce con Estados Unidos se encuentra Silvia Delgado, levanta su cartel y pide a los transeúntes que voten por ella. Busca convertirse en jueza tras haber sido asesora jurídica de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos más temidos del narcotráfico mexicano.
Su candidatura es una de las más controvertidas rumbo a las elecciones del domingo 1 de junio, cuando México se convertirá en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular. Una reforma sin precedentes que ya está bajo fuego por la falta de filtros rigurosos y los perfiles que han logrado colarse a la boleta.
La lista de perfiles polémicos sale a la luz
La organización civil Defensorxs, crítica de esta reforma judicial, publicó una lista con una veintena de candidaturas “altamente riesgosas”, entre ellas exabogados de narcos, un exconvicto por tráfico de drogas, y hasta un religioso ligado a una iglesia cuyo líder fue condenado por abuso sexual de menores.
Silvia Delgado, de 51 años, es conocida por haber formado parte del equipo legal del Chapo en Ciudad Juárez, donde el fundador del Cártel de Sinaloa estuvo detenido antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017. “
He defendido a muchísimas personas. En algunos casos, he sido asesor jurídico de la víctima”, dijo y subrayó que haber asistido legalmente a Guzmán no la convierte en criminal. “Van a tener una jueza imparcial y preparada”, prometía a un vendedor ambulante junto al puente internacional Paso del Norte.
Pero el perfil de Delgado preocupa. Defensorxs la ubica como una candidatura con alto riesgo, por haber defendido a presuntos narcotraficantes. Un señalamiento especialmente delicado en un país que, desde el inicio de la guerra contra el narco en 2006, acumula más de 480,000 muertos y cerca de 120,000 personas desaparecidas.
Además, el propio Cártel de Sinaloa, que alguna vez lideró el Chapo, vive una guerra interna que ha dejado 1,200 muertos desde septiembre en ese estado, en medio de la presión del expresidente estadounidense Donald Trump para frenar el tráfico de fentanilo, vinculado a decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos.
Otros nombres que figuran en el encabezado
Pero Delgado no está sola en la lista de nombres polémicos. También está Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en Durango, quien estuvo preso casi seis años en Estados Unidos (2015-2021) por tráfico de metanfetaminas. En un video en Facebook, se defiende: “Nunca me he vendido como el candidato perfecto. Soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar esto adelante”.
Otro caso es el de Fernando Escamilla, quien aspira a ser juez penal en Nuevo León. Fue abogado de Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes del sanguinario Cártel de Los Zetas, famoso por sus brutales métodos de ejecución. Treviño fue extraditado a Estados Unidos en febrero.
En la lista también aparece Francisco Herrera, de Michoacán, señalado por la prensa de haber amenazado a los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, asesinados en 2022. Herrera niega tener alguna implicación.
También figura Job Daniel Wong, ministro de la iglesia La Luz del Mundo, como candidato a magistrado laboral en Jalisco. El líder de esa iglesia, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores.
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el tema: “Es el 0.01% de todos los aspirantes”, declaró. Este domingo se elegirán 2,600 jueces en todo el país, mientras que otros 4,000 serán votados en 2027.
¿Cómo llegaron estos perfiles a la boleta?
Los candidatos fueron seleccionados por los tres poderes del Estado, tras una reforma judicial impulsada por el oficialismo de izquierda, con el argumento de combatir la impunidad. Pero para organizaciones como Defensorxs, esta medida abre la puerta a perfiles con antecedentes cuestionables y politiza la justicia.
Incluso desde el Congreso hay voces que muestran reservas. El líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo abiertamente que los abogados de narcotraficantes “no deberían participar”.
Silvia Delgado, por su parte, asegura que haber defendido al Chapo no es motivo de descalificación. Fue elegida como candidata por el Ejecutivo estatal de Chihuahua y defiende su derecho a ejercer libremente su profesión: “Toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado”.
La autoridad electoral aún no valida oficialmente las candidaturas. Uno de los requisitos es “gozar de buena reputación y no haber sido condenado” a prisión.
Para Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs, lo que ocurre es resultado de una reforma hecha al vapor, con procesos poco rigurosos. Lanzó una comparación que deja claro el tamaño del problema.
“Es impresionante que para ser tránsito municipal tengas que hacer un examen de control de confianza, pero para ser un juez penal que resuelve casos del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo único que tienes que hacer es mandar tu currículum”, expresó.