Colombia le paga a campesinos por erradicar coca —esta es su nueva estrategia contra el narco

En el sur de Colombia, campesinos que antes vivían del cultivo de coca, principal materia prima del narcotráfico, ahora la rechazan y la arrancan con sus propias manos. Esta vez no lo hacen por miedo ni por obligación, sino por decisión propia, y con apoyo económico del gobierno. La apuesta es audaz, pagarles por erradicar voluntariamente la coca y construir, en paralelo, economías legales que puedan sostenerse en el tiempo.

La iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro, rompe con décadas de estrategias represivas en la lucha contra el narcotráfico. En lugar de erradicaciones forzosas o fumigaciones con glifosato, el nuevo enfoque busca cortar el negocio del narco desde su raíz financiera, el cultivo.

Lo que la Coca representa para los campesinos

Animados con el primer pago, Nicolás, de 44 años, y su padre de 77 años utilizan palas para arrancar casi dos hectáreas de coca de su predio. “Es duro”, confesaron. “Cuando uno está sembrando una mata (de coca) tiene la esperanza” de que “va a tener una cosecha y va a tener unos ingresos”, explica Nicolás, uno de los campesinos. Ahora, “arrancarla significa (…) que en un futuro no va a haber cosecha, es decir no va a haber plata” fija, dice.

Para muchos campesinos, la coca es la única opción de subsistencia. Las promesas de sustitución han fallado en el pasado por falta de cumplimiento, presencia estatal o condiciones dignas para cultivar otra cosa. Pero esta vez el gobierno quiere hacerlo distinto poner dinero real sobre la mesa y acompañar a las comunidades con alternativas productivas viables como el café, el cacao o el turismo rural.

En Putumayo, uno de los territorios más afectados por el narcotráfico y la violencia, el plan ya está en marcha. Más de 500 familias recibirán pagos y apoyo técnico para dejar la coca. La medida busca no solo frenar el cultivo, sino reducir la violencia que viene con él. Según datos oficiales, 70% de las muertes violentas en zonas rurales están vinculadas a disputas por el control de rutas y cultivos de droga.

La propuesta de Colombia en medio de tensiones, dudas y el regreso del glifosato

Este plan se pone en marcha justo cuando Colombia contiene la respiración a la espera de que Estados Unidos —bajo la administración de Donald Trump— decida en septiembre si renueva la certificación del país como aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Petro llegó al poder en 2022 con la intención de cambiar el enfoque punitivo de esta guerra y buscar acuerdos con los grupos armados. Sin embargo, recientemente intensificó la ofensiva contra organizaciones ilegales… e incluso retomará el uso de glifosato para fumigar cultivos de coca.

Desde el gobierno, la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, afirma que la meta es erradicar al menos 45,000 hectáreas en zonas de alto conflicto. En 2023, la ONU registró 253,000 hectáreas de narcocultivos en Colombia. El gobierno estima una inversión inicial de 14.4 millones de dólares, aunque la cifra puede aumentar según la demanda del programa.

No todos están convencidos. Estefanía Ciro, investigadora y experta en temas de narcotráfico, señala que el programa repite errores del pasado. “Parte del principio de que la coca debe desaparecer, sin resolver antes la violencia de los grupos armados”, dijo. El histórico acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, incluía un plan similar que fracasó.

Hoy, en las montañas de Argelia, algunos campesinos ya cultivan café. Otros temen represalias de los grupos criminales. El gobierno promete monitoreo satelital y la expulsión inmediata de quienes incumplan. Pero sin una verificación eficaz, advierten exfuncionarios, el riesgo de perder recursos es alto.

“Nosotros estamos ya en este paseo (proyecto) y toca continuar y ver hasta dónde llegamos”,
se convence Alirio, otro de los campesinos. “Ningún grupo armado que viva del narcotráfico
va a querer que un campesino deje de sembrar”, expresó un campesino anónimo.

Colombia no solo intenta erradicar cultivos ilícitos. Busca reconfigurar una economía rural atrapada entre la violencia, la pobreza y el narco. Para lograrlo, el dinero ya no se invierte solo en armas, se destina, por primera vez en mucho tiempo, a manos campesinas.

No hay certezas de que funcionará, pero al menos marca un cambio de narrativa, que reconoce que sin justicia social y económica en el campo, no hay erradicación posible. Colombia no solo está pagando por arrancar coca. Está invirtiendo en arrancar la desigualdad que la sostiene.