La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda de 10,00 millones de dólares presentada por el gobierno de México, que acusaba a dos fabricantes estadounidenses de armas de contribuir a la violencia de los cárteles del narcotráfico.

En una decisión unánime de 9-0, el máximo tribunal sostuvo que una ley federal —la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés)— protege a los fabricantes de armas de cualquier responsabilidad legal.

“La principal acusación de México —que los fabricantes eligen vender armas, entre otros, a distribuidores con antecedentes problemáticos— no cumple con los requisitos que exige la ley”, escribió la jueza Elena Kagan, autora de la opinión del tribunal. “La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado a los distribuidores de armas a realizar ventas ilegales de armas de fuego a traficantes mexicanos”.

México, que ha enfrentado presión creciente del expresidente Donald Trump para frenar el narcotráfico, acusó a los fabricantes de armas de “colaborar y ser cómplices” de ventas ilegales de armas, alegando que sabían que algunos de sus productos eran vendidos de forma ilícita a los cárteles del narcotráfico.

Catherine Stetson, abogada que representó al gobierno mexicano ante la Corte Suprema, señaló que cada año se trafican ilegalmente 600,000 armas estadounidenses hacia México, y que algunas compañías incluso “diseñan armas específicas para el mercado mexicano”, poniéndoles nombres en español como “El Jefe”.

El caso se da en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, con Trump amenazando con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, alegando falta de avances para frenar el flujo de drogas como el fentanilo hacia territorio estadounidense.

La demanda de 2022

Un juez federal desechó la demanda en 2022 al considerar que las acusaciones de México no superaban las protecciones otorgadas por la PLCAA, ley aprobada por el Congreso en 2005 que blinda a los fabricantes de armas de Estados Unidos frente a demandas por el uso criminal de sus productos.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones revivió el caso al considerar una excepción a esa ley, lo que llevó a Smith & Wesson e Interstate Arms a solicitar la intervención de la Corte Suprema.

Durante más de 90 minutos de audiencias orales en marzo, la mayoría de los jueces —en un tribunal de mayoría conservadora— mostraron su inclinación a favor de las compañías de armas.

México sostiene que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen provienen del tráfico desde Estados Unidos. El país mantiene un control estricto sobre la venta de armas, haciendo que sea prácticamente imposible adquirirlas de forma legal.

Aun así, desde que el gobierno desplegó al ejército para combatir el narcotráfico en 2006, la violencia relacionada con las drogas ha dejado más de 480,000 personas muertas en México, según cifras oficiales.