Los océanos ya no son tierra de nadie: el nuevo tratado global que pone límites a la minería en aguas profundas

Más de 60% del océano mundial no pertenece a ningún país, pero eso está por cambiar. El Tratado de Alta Mar, aprobado en 2023 y a punto de entrar en vigor, promete ser el primer gran esfuerzo global para proteger la biodiversidad marina más allá de fronteras. ¿Qué implica esto para la industria, la ciencia y la equidad global?

El Tratado de Alta Mar, adoptado en junio de 2023 por los Estados miembros de la ONU, podría convertirse en ley a finales de este año. Este acuerdo busca proteger la vida marina en vastas zonas del océano que no pertenecen a ningún país y que representan más de 60% de los océanos del mundo.

Actualmente, el tratado ya se ratificó por 31 países, además de la Unión Europea, y entrará en vigor 120 días después de su sexagésima ratificación. Durante la reciente Conferencia sobre los Océanos de la ONU, Francia —país anfitrión— anunció que cerca de 50 países ya firmaron el pacto, acercándolo a su activación definitiva.

Estados Unidos, aunque firmó el tratado en 2023 bajo el mandato de Joe Biden, no se espera que lo ratifique mientras Donald Trump siga en la presidencia, lo que añade incertidumbre al proceso.

Aguas internacionales: un espacio regulado

El tratado cubre las aguas internacionales, es decir, aquellas fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, y que están más allá de las zonas económicas exclusivas (hasta 200 millas náuticas desde la costa).

También regula “la Zona” —el lecho marino y subsuelo más allá de límites nacionales—, que representa más de la mitad del lecho marino del planeta.

Una vez en vigor, la toma de decisiones quedará en manos de un organismo llamado Conferencia de las Partes (COP), que deberá coordinarse con organizaciones regionales y globales que ya supervisan diferentes aspectos de los océanos, como organismos de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Este último es un punto de tensión, pues Estados Unidos, bajo la administración Trump, ignoró su autoridad y otorgó permisos para minería en aguas internacionales, abriendo debates sobre jurisdicción y control.

Áreas marinas protegidas en mar abierto

Hasta ahora, casi todas las áreas marinas protegidas (AMP) se localizan dentro de aguas territoriales nacionales. Este tratado abre la posibilidad de crear reservas en mar abierto.

Aunque la mayoría de las decisiones serán por consenso, una AMP podría aprobarse con mayoría de tres cuartos para evitar que un solo país bloquee su creación.

Sin embargo, el tratado no define cómo se supervisarán ni aplicarán estas medidas en zonas remotas, dejando esta responsabilidad a la COP. Expertos sugieren el uso de tecnología satelital para detectar posibles infracciones, mientras que los países continúan siendo responsables de las actividades bajo su jurisdicción, como los barcos con su bandera.

El Reparto de beneficios es un tema clave para países en desarrollo

El tratado permite que los países recolecten en alta mar recursos biológicos (animales, vegetales o microbianos) que puedan tener valor comercial o científico. Ejemplos incluyen moléculas con potencial para tratar enfermedades encontradas en organismos marinos, como esponjas o moluscos.

El reparto de beneficios derivados de estos recursos es un punto de conflicto entre países ricos y en desarrollo. Para equilibrar, el tratado establece mecanismos para la transferencia de tecnología y fortalecimiento científico hacia países menos desarrollados, además de garantizar acceso abierto a datos.

La COP decidirá cómo van a repartirse las ganancias económicas, ya sea mediante pagos con base en productos específicos o esquemas más generales.

La razón por la que importa

Además, el Tratado exige que los países evalúen los impactos ambientales de actividades planificadas en alta mar antes de autorizarlas, especialmente si pueden causar efectos más que leves o transitorios.

También deben considerar cómo sus actividades en jurisdicciones propias podrían afectar aguas internacionales, evitando “contaminación sustancial” o daños al medio marino.

Aunque la aprobación final de actividades potencialmente dañinas sigue siendo responsabilidad de los Estados, el tratado busca transparencia y actualizaciones periódicas sobre impactos ambientales, permitiendo cuestionar autorizaciones si surgen daños no previstos.

Entre las actividades contempladas están la pesca, transporte, minería en aguas profundas y hasta proyectos de geoingeniería para combatir el cambio climático. Este tratado representa un paso histórico para la gobernanza global de los océanos.

Por primera vez, se estableció un marco legal para proteger ecosistemas marinos en zonas que antes se consideraban “tierra de nadie”, y se plantearon límites claros a actividades como la minería en aguas profundas.

En un contexto donde la crisis ambiental es urgente y con países que buscan explotar recursos marinos cada vez más, el acuerdo intenta equilibrar el desarrollo económico con la conservación, protegiendo uno de los mayores pulmones azules de la Tierra.

Para México, un país con costa en el Pacífico y el Atlántico, este tratado ofrece la oportunidad de participar en la protección y gestión sostenible de los océanos que bordean sus fronteras y más allá.