[Imagen: BalashMirzabey/Freepik]
En las últimas semanas, Estados Unidos experimentó el retiro masivo de varios alimentos y productos, lo que ha encendido las alarmas sobre el estado de la seguridad alimentaria en el país. Estos tras detectar desde productos contaminados hasta brotes mortales de Listeria. Los casos registrados en septiembre y octubre de 2025 revelan no solo fallos puntuales, sino también tensiones más profundas en las instituciones encargadas de proteger la salud pública.
Brotes y retiradas: un otoño de alertas
A continuación enumeramos algunos ejemplos recientes. La compañía Hillshire Brands retiró alrededor de 26,000 toneladas de corn dogs o banderillas tras descubrir fragmentos de madera en la masa de maíz, con al menos cinco personas lesionadas a nivel gástrico. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) emitió una alerta nacional por comidas congeladas que incluían pasta contaminada con Listeria monocytogenes, vinculadas, como mínimo, a cuatro muertes. La empresa Black Sheep Egg Company tuvo que sacar del mercado varios lotes de huevos tras detectar Salmonella.
A esto se suman las advertencias sobre snacks contaminados con fragmentos de metal o el retiro de melones procesados y de salmón y lubina ahumados por riesgo de contaminación con la citada especie de Listeria.
Cada uno de estos casos podría entenderse por separado como parte de la rutina de vigilancia. Sin embargo, su acumulación en un corto periodo de tiempo dibuja un escenario más inquietante: el sistema estadounidense de control alimentario muestra grietas crecientes.

La política detrás de la crisis
La administración Trump ha defendido una agenda de desregulación y recortes presupuestarios bajo la premisa de simplificar la burocracia. En la práctica, esto ha supuesto recortes de personal en la Administración de Alimentos y Medicamentos, (FDA por sus siglas en inglés) que llevaron, por ejemplo, a suspender pruebas de calidad de la leche. Además, el Departamento de Agricultura decidió disolver comités asesores científicos que guiaban la política de inocuidad, eliminando un contrapeso técnico clave.
La FDA inició además un proceso para revocar regulaciones que definen los estándares de identidad de más de 50 alimentos, flexibilizando las reglas de etiquetado. A ello hay que añadir la eliminación de la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, lo que limita la capacidad de sancionar penalmente a empresas infractoras, así como un proceso de descentralización que transfiere responsabilidades a estados y gobiernos locales, con capacidades muy desiguales.
Los defensores de estas políticas argumentan que reducen costos y fomentan la competitividad. Los críticos, en cambio, advierten que constituyen un debilitamiento estructural del sistema.
Voces críticas y dimisiones
La tensión también se ha manifestado en renuncias de alto perfil. Jim Jones, subcomisionado de alimentos humanos de la FDA, dimitió el pasado mes de febrero tras denunciar que los recortes habían dejado a su área sin capacidad para cumplir con sus funciones esenciales. Poco después, Michael Rogers, jefe de inspecciones de la agencia, se retiró tras 34 años de carrera, en medio de la frustración de inspectores que veían debilitadas sus funciones.
Además, organizaciones de consumidores, médicas y de salud pública han llegado a pedir la renuncia de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, al que acusan de priorizar la desregulación por encima de la seguridad. Estas salidas no son meros cambios de personal: simbolizan la fractura interna de las instituciones encargadas de velar por la seguridad alimentaria.
Conviene subrayar que las retiradas de productos y brotes siempre han existido en Estados Unidos y en buena medida son prueba de que la vigilancia funciona. Lo que cambia ahora es la frecuencia y la magnitud. Muchos de los productos afectados en las últimas semanas son de consumo masivo, lo que multiplica el impacto potencial en la salud. Además, con menos inspecciones y menos recursos, la probabilidad de que los riesgos pasen desapercibidos aumenta.
Las estadísticas definitivas de 2025 tardarán en publicarse, pero los patrones recientes sugieren que los riesgos se están volviendo más visibles y peligrosos.
Las justificaciones oficiales
El Gobierno y algunos sectores de la industria se defienden con varios argumentos. Afirman que la eliminación de comités y estándares excesivos busca desburocratizar y acelerar la innovación. Aducen que descentralizar hacia los estados permite respuestas más adaptadas a cada realidad local. Y sostienen que los recursos deben centrarse en los riesgos más graves, en lugar de dispersarse en controles rutinarios.
Sin embargo, estas justificaciones pierden sentido cuando los incidentes se acumulan y los titulares hablan de intoxicaciones y muertes. La seguridad alimentaria es un bien público y, como recuerdan especialistas en salud pública, no puede depender solo de la autorregulación del mercado.
Los acontecimientos de este otoño no pueden atribuirse únicamente a la mala fortuna. Son la consecuencia visible de un sistema sometido a recortes, desregulación y pérdida de talento técnico. Todo esto lleva a pensar que la seguridad alimentaria en Estados Unidos atraviesa un momento crítico. Los brotes recientes no son meros accidentes aislados, sino el síntoma de un sistema debilitado.
La pregunta para los próximos meses será si la presión social y política logrará revertir la tendencia antes de que los costos humanos y económicos se multipliquen.
José Miguel Soriano del Castillo es catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee el original.
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