¿Podría el gobierno sacar del aire una estación de televisión por su cobertura informativa? Los comentarios de Trump plantean la pregunta

Durante el fin de semana, la administración Trump amenazó con revocar las licencias de transmisión de medios de comunicación que, según afirma, difunden información sesgada o distorsionada sobre la guerra en Irán. El 15 de marzo, el propio presidente respaldó a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), quien había hecho las amenazas iniciales.

“Me alegra mucho ver a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), revisando las licencias de algunos de estos medios de comunicación corruptos y sumamente antipatrióticos”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Reciben miles de millones de dólares en ondas estadounidenses gratuitas y las usan para perpetuar mentiras, tanto en las noticias como en casi todos sus programas, incluyendo a los imbéciles de los programas nocturnos, que cobran sueldos desorbitados por índices de audiencia pésimos y nunca son despedidos, como solía decir en El Aprendiz”.

Durante una reunión informativa en el Pentágono el 13 de marzo, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, arremetió contra CNN, diciendo: “Cuanto antes David Ellison se haga cargo de esa cadena, mejor”, refiriéndose a la reciente adquisición de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, por parte de Paramount. Ellison es el director ejecutivo de Paramount y aliado de Trump.

Pero la cobertura de la guerra de Irán claramente ha tocado una fibra sensible en la administración, que ahora lanza amenazas generalizadas y contundentes contra los medios de comunicación de una manera sin precedentes. La pregunta es: ¿Tienen alguna validez legal estas amenazas? En realidad, dicen los expertos.

¿Tienen realmente validez legal estas amenazas?

“Las amenazas de Carr carecen de fundamento legal”, afirma Tara Puckey, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Noticias Digitales de Radio y Televisión. “La FCC regula la obscenidad y las operaciones técnicas, no las decisiones editoriales. Los tribunales lo han dejado claro durante décadas. Si [Carr] intenta revocar una licencia por la cobertura informativa, va a perder. Y él lo sabe”.

Puckey añade que esto no significa necesariamente que las amenazas no vayan a tener consecuencias. “El efecto disuasorio es la estrategia. Si las emisoras locales empiezan a suavizar sus noticias —sobre todo las más pequeñas, que no pueden permitirse una larga batalla legal—, Carr gana sin siquiera pisar un tribunal. No se necesita una victoria legal cuando el miedo hace el trabajo por ti”.

¿Por qué las emisoras locales son las más vulnerables?

Las estaciones de televisión locales son las que están en primera línea en la guerra de la FCC contra las emisoras. A pesar de la aversión del gobierno hacia medios de comunicación como CNN, la jurisdicción de la FCC se limita a las emisoras de señal abierta, como las cadenas locales, y no a las redes de cable.

“Nos referimos únicamente a las emisoras de señal abierta que utilizan el espectro público; esa es la base de sus amenazas”, afirma David B. Hoppe, fundador y socio gerente de Gamma Law, con sede en San Francisco. “CNN no está bajo la jurisdicción de la FCC”.

Hoppe añade que la FCC se apoya en la política de “distorsión de noticias“, una norma que podría aplicarse “si existe una distorsión intencional de noticias sobre un evento significativo que cause un daño público directo e inmediato. En ese caso, la FCC podría ejercer su autoridad para suspender o revocar la licencia de una emisora”.

Sin embargo, dicha política no es una ley. ¿Y en relación con los recientes acontecimientos que han desatado la furia del gobierno? “Lo fundamental aquí es que la política interna establece que debe tratarse de una declaración intencional que cause un daño público directo e inmediato”, concluye Hoppe. “Simplemente no veo cómo eso podría aplicarse en este caso en particular”.

Lee Rowland, directora ejecutiva de la Coalición Nacional contra la Censura, afirma que Carr y Trump utilizan el poder del gobierno federal para silenciar la disidencia.

Las preocupaciones sobre la Primera Enmienda cobran protagonismo

“Las amenazas del presidente Carr son asombrosamente inconstitucionales y no deberían tener ninguna validez. Pero, lamentablemente, vivimos en un mundo donde ya hemos visto a emisoras ceder ante exigencias inconstitucionales precisamente porque saben que sus licencias están en peligro”, declara Rowland, quien cuenta con amplia experiencia como abogada especializada en la Primera Enmienda, habiendo trabajado con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Centro Brennan para la Justicia, entre otros.

“Todo lo que dice el presidente de la FCC, al tiempo que implica que las licencias están en juego, es inherentemente coercitivo y socava fundamentalmente los principios básicos de la libertad de prensa”, concluye.

¿Y ahora qué? Rowland afirma que la ciudadanía debe alzar la voz, tal como lo hizo el año pasado cuando la administración Trump movió influencias para despedir a los presentadores de programas nocturnos Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Por ejemplo, Kimmel fue suspendido indefinidamente en septiembre de 2025 por ABC por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, pero luego fue readmitido tras la fuerte reacción pública contra Disney, la empresa matriz de ABC.

“Las cadenas de televisión no tienen mucha valentía”, añade Rowland. “Lo que suceda a continuación lo decidirá la ciudadanía”.