Un grupo ecológico en Querétaro convirtió la conservación del planeta en desarrollo local

El Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) lleva más de tres décadas construyendo algo poco común en México: un modelo donde conservar el bosque genera ingresos reales para quienes viven ahí. En la práctica, eso significa pagar a propietarios por mantener sus tierras en buen estado, abrir alternativas económicas donde antes no las había y acompañar a las comunidades en todo el proceso, desde la capacitación hasta la comercialización.

Hoy, ese trabajo se traduce en más de 41,000 hectáreas están bajo esquemas de conservación activa; 47 empresas participaron en 2025 en mecanismos de compensación de emisiones que financian esos pagos; más de 10,000 niños y jóvenes pasan cada año por programas de educación ambiental; y redes como la Ruta del Sabor, la de hospedaje y la artesanal agrupan decenas de negocios locales (31 fondas, 22 espacios de hospedaje y 9 talleres) donde 90% de quienes operan son mujeres. A esto se suman 190 centros de acopio que reciclan alrededor de 500 toneladas al mes, 76 sistemas de captación de agua de lluvia y decenas de proyectos productivos que van desde el turismo hasta la transformación de plantas aromáticas en productos con valor comercial. Todo forma parte de la misma lógica: que la conservación no dependa de subsidios aislados, sino de una economía que funcione en el territorio.

Carbono Biodiverso: la gran propuesta de Sierra Gorda

En la Sierra Gorda de Querétaro, hablar de conservación implica hablar de propiedad, de ingresos y de decisiones individuales porque la mayor parte del territorio tiene dueño.

“Hasta el último cerro que ven ustedes tiene un propietario”, explica Roberto Pedraza Ruiz, subdirector del GESG. “70% de la tierra es privada y 30% es comunal”.

Esa condición marcó desde el inicio el tipo de trabajo que la organización tuvo que construir. Aquí no había margen para imponer modelos externos ni para depender únicamente de subsidios, porque si el bosque iba a mantenerse en pie, tenía que generar ingresos y durante años, eso no ocurría.

Las actividades tradicionales (agricultura de subsistencia y ganadería) dejaron de ser viables para muchas familias. Aun así, seguían presentes.

“Cuando haces números, pierden de manera sistemática”, dice Pedraza sobre la ganadería. En el caso de la agricultura, los costos de producción podían superar por mucho el valor del producto final. “No es ni autosuficiencia”, agrega.

A pesar de eso, el modelo persistía por falta de alternativas o por el respaldo económico de familiares migrantes.

El impacto en el territorio era evidente. Desmontes, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y conflictos constantes con fauna silvestre.

“Metes vacas en el bosque y hay conflicto con pumas y jaguares”, explica Pedraza. “El jaguar ve un becerro y se lo come. Y ahí empieza el problema”.

Frente a ese escenario, el GESG fue construyendo, a lo largo de décadas, una estrategia que no se limita a conservar, sino a reconfigurar la economía local.

Construir alternativas donde no las había

El punto de partida fue reconocer que conservar sin ingreso no funciona. “¿Por qué va a conservar alguien si no tiene un retorno económico de su patrimonio?”, plantea Pedraza.

A partir de ahí, el grupo desarrolló distintos mecanismos para que el bosque dejara de ser visto como un obstáculo y empezara a percibirse como un activo. Y uno de esos mecanismos es el pago por servicios ambientales, financiado en Querétaro a través de un impuesto estatal a las emisiones. Pero dentro de la organización, ese esquema es solo una pieza dentro de un sistema más amplio.

Salvador Arabia Riva, director de Bosque Sustentable (organización hermana encargada de la operación técnica) explica cómo se ha diseñado ese sistema desde el territorio. “No estamos trabajando con protocolos internacionales”, dice. “Desarrollamos uno local, porque los otros son muy costosos y no se adaptan a la realidad de aquí”.

En modelos globales, por ejemplo, se exige título de propiedad para participar. En la Sierra Gorda, una gran parte de los propietarios no cuenta con ese documento. “Aquí aceptamos constancias de posesión”, explica Arabia. “Conocemos a la gente, conocemos sus tierras”. También cambia la distribución del recurso, pues “el 80% del dinero tiene que llegar al propietario”, señala. “Eso es lo que hace que le convenga conservar”.

De la resistencia al interés

Las comunidades no adoptaron este tipo de proyectos de inmediato, y en varios testimonios aparece la misma historia: al inicio, hubo rechazo.

“Éramos como 70 personas interesadas, pero muchos se fueron saliendo”, recuerda una participante de la Ruta del Sabor, un programa impulsado por el grupo para fortalecer negocios de comida local. “Decían que nos iban a quitar nuestro negocio”. El trabajo entonces fue gradual. Reuniones, capacitaciones, acompañamiento constante.

“Nos enseñaron desde cómo atender al cliente hasta cómo llevar las finanzas”, cuenta. También recibieron asesoría de un chef, enfocada en presentación, orden e higiene, sin modificar la base de su cocina. Hoy, esos negocios operan con herramientas que antes no estaban disponibles en la comunidad: facturación, pagos con tarjeta y una estructura más clara de operación, donde la mayoría están liderados por mujeres. “Somos como 90%”, dice.

El cambio no fue inmediato, pero con el tiempo, la percepción sobre los proyectos empezó a modificarse y “ahora son los propietarios los que se acercan”, explica Arabia. “Ya no quieren seguir con la ganadería porque no les funciona”.

Diversificar para sostener

Desde el grupo, la conservación nunca se planteó como una actividad aislada. El enfoque ha sido diversificar y además de los programas ambientales, han impulsado proyectos productivos vinculados al turismo, la gastronomía y la artesanía.

En una comunidad, un proyecto ecoturístico muestra cómo se ha dado ese proceso. El responsable del recorrido cuenta que todo empezó con una necesidad concreta.

“Pasaban los carros y nos echaban polvo mientras comíamos”, recuerda.

El grupo le propuso apoyar con materiales para construir un espacio más adecuado. “Me dijeron: te apoyamos con el material”, cuenta. “Y yo les dije: si me dan el material, yo hago el trabajo”. Con su familia, levantó la infraestructura y hoy ofrecen recorridos de dos a tres horas donde combinan historia minera, conocimiento del entorno y experiencia en campo.

“El recorrido depende de la gente”, explica. “Hay quienes quieren escuchar la historia y hay quienes solo quieren ver el paisaje”.

El proyecto involucra a varias familias. Cada una aporta trabajo y conocimiento, y en paralelo, otros espacios muestran el desarrollo de actividades artesanales. En talleres de fibras vegetales, las artesanas recolectan hojas de pino, las limpian y las transforman en piezas que pueden tardar semanas en completarse.

“Un sombrero puede llevar dos o tres semanas”, explica una de ellas.

El trabajo se realiza por etapas, en tiempos disponibles entre otras actividades domésticas y productivas. En los talleres de bordado, el proceso es igual de demandante. “Un cojín grande puede llevar hasta un mes”, dice Roberta Ramírez Alvarado, integrante del colectivo.

El grupo ha intervenido en aspectos clave: organización interna, desarrollo de catálogo y acceso a mercados. “Antes no sabíamos cómo vender”, recuerda.

Hoy colocan productos en distintos puntos de venta y trabajan bajo pedidos. Algunas se encargan de cortar, otras de dibujar, otras de bordar o planchar y el pago se realiza por pieza terminada. Aun así, enfrentan nuevos retos.

“Las jóvenes ya no quieren aprender”, dicen varias de las integrantes.

Cambios que se ven en el territorio

Más allá de los proyectos específicos, el impacto más consistente está en cómo ha cambiado la relación con el entorno.

“Antes decían ‘¿para qué tanto monte?’”, recuerda Pedraza. Hoy, ese mismo bosque representa una fuente de ingreso.

Personas que antes utilizaban su tierra para ganadería ahora vigilan que no entre ganado. Realizan recorridos periódicos, cuidan que no haya incendios y participan activamente en la conservación de sus predios, porque el cumplimiento es parte central del modelo y existen reglas claras y monitoreo constante. Si un propietario incumple, puede quedar fuera del esquema.

Un sistema que se construyó con prueba y error

Patricia Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, ha sido parte de ese proceso desde el inicio. En sus intervenciones, ha insistido en que muchos de los aprendizajes provienen de errores: proyectos de reforestación que no funcionaron, inversiones que no dieron resultados y estrategias que tuvieron que replantearse. A partir de esas experiencias, el grupo fue afinando su enfoque.

Uno de los cambios más relevantes fue dejar de depender de modelos externos y construir mecanismos propios, más simples y más cercanos al contexto local. También ha sido clara en el uso de los recursos: el objetivo no es generar utilidades a partir de los esquemas ambientales, sino financiar la regeneración del territorio y sostener las actividades que la hacen posible.

Un modelo que depende de presencia

En distintos momentos del recorrido, se repitió la misma idea: la diferencia está en estar ahí.

No solo diseñar proyectos, sino acompañarlos, ajustarlos y darles seguimiento en campo, porque esa presencia es la que ha permitido sostener iniciativas durante años en un entorno complejo, con condiciones climáticas cambiantes, riesgos de incendios y presión constante sobre los recursos.

Hoy, el resultado se puede medir en hectáreas bajo conservación, en proyectos productivos activos y en ingresos generados, pero también se ve en la forma en que las comunidades han ido integrando la conservación dentro de su vida cotidiana, no como una obligación externa, sino como una decisión vinculada a su propio sustento.

Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Se fue construyendo, proyecto por proyecto y comunidad por comunidad.