El Departamento de Trabajo afirma que las deportaciones masivas de Trump representan un “peligro inmediato” para el suministro de alimentos de EU

Alrededor de 40% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son inmigrantes indocumentados y se han convertido en el foco de la agresiva represión migratoria de la administración Trump. Trabajadores agrícolas aterrorizados se han visto obligados a esconderse y las granjas han quedado vacías debido a la escasez de trabajadores.

Los expertos llevan mucho tiempo advirtiendo que la promesa de Trump de deportaciones masivas amenazaría a las industrias que dependen de trabajadores indocumentados, como la agricultura, y que podría provocar graves perturbaciones en nuestro suministro de alimentos.

Ahora, el Departamento de Trabajo de la administración Trump parece estar admitiendo esto también.

En un documento que explica la nueva norma de la administración que recorta los salarios de los trabajadores agrícolas, el Departamento de Trabajo escribe que la escasez de mano de obra, en parte debido al “aumento de la aplicación de las leyes migratorias”, presenta “un riesgo considerable de escasez de alimentos inducida por un shock de suministro… Hay abundantes datos que muestran peligros inmediatos para el suministro de alimentos estadounidense”.

“El cese casi total de la afluencia de inmigrantes indocumentados, sumado a la falta de mano de obra legal disponible, genera importantes interrupciones en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”, según el documento.

La One Big Beautiful Bill de Trump, que incluye fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), significa que esta amenaza aumentará, añade.

“Una victoria para la avaricia corporativa”

La administración Trump está utilizando este riesgo para justificar recortes salariales a los trabajadores agrícolas y afirma que se necesitan más trabajadores extranjeros para mitigar la amenaza.

Debido a esta crisis, los empleadores tendrán que recurrir aún más al programa de visas H-2A, que permite a las granjas contratar trabajadores extranjeros temporales cuando hay escasez de trabajadores estadounidenses. Con esta visa, los trabajadores carecen de protecciones laborales básicas y han reportado problemas de seguridad laboral; además, carecen de derechos de negociación.

El Departamento de Trabajo no cree que haya suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para reemplazar a los inmigrantes ilegales que se van.

En teoría, la escasez de trabajadores debería resultar en salarios más altos. Sin embargo, el programa de visas conlleva costos elevados que se han vuelto onerosos, según el Departamento de Trabajo, por lo que los costos laborales adicionales amenazan la viabilidad de las operaciones agrícolas.

La nueva norma del Departamento de Trabajo indica que el programa necesita una reforma y que es necesario reducir los salarios de los trabajadores agrícolas invitados para evitar interrupciones en el sector agrícola.

Según las normas H-2A, el Departamento de Trabajo debe anunciar las ofertas de empleo agrícolas, pero afirma que esto no ha generado más solicitudes de trabajadores nacionales. The American Prospect, que informó sobre el documento del Departamento de Trabajo, afirma que esto no es del todo exacto.

Según The American Prospect, “Los trabajadores que solicitan empleo a menudo no consiguen trabajo, y nadie verifica si llegan solicitudes”. “El sistema no está diseñado para demostrar que hay escasez de mano de obra en Estados Unidos”, declaró al medio Daniel Costa, abogado del Instituto de Política Económica que da seguimiento al programa H-2A.

La medida podría reducir los salarios de todos los trabajadores agrícolas, independientemente de su estatus legal. El sindicato United Farm Workers, que representa a casi 7,000 trabajadores agrícolas, condena los recortes salariales, afirmando que esto significaría una pérdida de 2,460 millones de dólares anuales en salarios agrícolas.

“Los trabajadores agrícolas deberían recibir un salario mayor, no menor. Esta regulación es una victoria para la avaricia corporativa; una apropiación de fondos para las grandes empresas agrícolas que transfieren millones de dólares a los empleadores mediante recortes salariales y deducciones de vivienda”, declaró Erica Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, en un comunicado. “Los trabajadores agrícolas que nos alimentan a diario merecen mucho más, y mantenemos nuestro compromiso de garantizar que se respete su trabajo y su dignidad”.