Migrantes indocumentados aterrorizados en la primera línea de la redada de Trump

El trabajador de la construcción Maoro ha vivido felizmente en Colorado durante casi cuatro décadas, pero en el último mes apenas ha salido de su casa, temeroso de que los agentes de inmigración de Estados Unidos irrumpan y lo deporten. “Es peor que una prisión”, dice uno de miles de migrantes indocumentados de la ciudad de Aurora, un punto clave en la retórica antiinmigrante de Donald Trump durante su campaña presidencial.

“Ya me siento enfermo por no poder ir a trabajar”, afirma Maoro, de 59 años.

Incapaz de pagar su renta y dependiendo de su hija, ciudadana estadounidense, Maoro nunca había sentido tanto miedo como ahora, viviendo bajo una administración republicana que ha prometido deportaciones masivas de cualquier persona sin la documentación adecuada.

Cuando tres hombres uniformados tocaron recientemente a su puerta, el mexicano de mediana edad, quien, al igual que otros migrantes indocumentados en esta historia, insistió en usar un seudónimo, siguió el consejo de activistas y vecinos y no respondió.

Su terror es ampliamente compartido en Aurora, un suburbio de Denver que, según grupos comunitarios, alberga a personas de alrededor de 100 nacionalidades, varios son migrantes indocumentados.

Las iglesias y mezquitas se están vaciando, la intersección donde los jornaleros esperan para conseguir trabajo es cada vez menos concurrida y un centro comercial con negocios de comida latinoamericana registró 10,000 visitantes menos de lo habitual en febrero.

El 5 de febrero, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fuertemente armados, realizaron redadas en Denver y Aurora, utilizando arietes y vehículos blindados, y arrestando a varias personas.

“Operación Aurora”

La ciudad de Aurora se convirtió en un tema central del debate sobre inmigración en Estados Unidos el año pasado, cuando un video viral mostró a hombres armados de origen latinoamericano irrumpiendo en un apartamento. El entonces candidato Donald Trump aprovechó la grabación como prueba de que la pandilla venezolana Tren de Aragua había “tomado el control” de Aurora.

El alcalde republicano de la ciudad rechazó la afirmación. Insistió en que el video mostraba un incidente aislado en un edificio en particular con un propietario negligente y señaló una reducción en la tasa de criminalidad de la ciudad en los dos años anteriores.

Sin embargo, Trump continuó con su narrativa, presentando a Aurora como un símbolo de una América asediada por criminales migrantes peligrosos y prometiendo que, al regresar a la Casa Blanca, deportaría a millones de personas.

La población inmigrante de la ciudad sostiene que están siendo utilizados como chivos expiatorios de problemas sociales más amplios. “Todo lo que está mal en Estados Unidos ahora es culpa del Tren de Aragua”, bromea Alexander Jiménez, un venezolano que huyó del régimen de Nicolás Maduro hace un año. “Eso no es posible.”

Jiménez, abuelo de familia, ha reducido sus desplazamientos al mínimo y se esconde junto a diez familiares mientras esperan que se procesen sus solicitudes de asilo.

Menos actividad, menos problemas

Desde las redadas, sus nietos se niegan a ir a la escuela, temiendo que la policía esté esperando afuera para arrestar a sus padres.

“Ven en la televisión lo que está pasando, que están llevándose a los venezolanos y a todos los que no son de aquí, de este país”, suspira, señalando que en las redadas del ICE del mes pasado detuvieron a personas sin antecedentes criminales.

Una publicación en redes sociales afirmaba en ese momento que “más de 100 miembros de la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua fueron arrestados y detenidos hoy en Aurora, Colorado, por ICE”.

Sin embargo, según un informe de Fox News, alrededor de 30 personas fueron arrestadas, de las cuales solo una era miembro de la pandilla.

Las autoridades contactadas por AFP se negaron a dar detalles sobre los detenidos.

Separados de sus hijos

“Esta supuesta persecución de criminales por parte del ICE es utilizada como pretexto para arrestar a otras personas inocentes, que no tienen antecedentes penales”, dijo Nayda Benítez, integrante de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Colorado.

Su organización ofrece clases de asesoría legal en español, árabe e inglés, enseñando a los migrantes sobre sus derechos.

Los asistentes aprenden que no están obligados a abrir la puerta si la policía no tiene una orden judicial. Tienen derecho a permanecer en silencio y no deben firmar ningún documento sin asesoría legal.

Estos consejos básicos fueron un alivio para Susana, una mexicana indocumentada que fue deportada en 2017, al inicio del primer mandato de Donald Trump. Pasó cinco años separada de sus hijos antes de regresar finalmente a Colorado.

“Cuando descubres que tienes derechos, es algo poderoso, porque te dices a ti misma: ‘si tan solo lo hubiera sabido'”, dice la mujer de 47 años.

Susana asegura que ahora se arrepiente de haber hablado demasiado durante su última interacción con las autoridades. “Sabía que existía una constitución”, suspira. “Pero no sabía que esta constitución me protegía como migrante”.

Por Romain Fonsegrives | AFP