Por qué empresas estadounidenses permanecen en silencio mientras agentes de inmigración llegan a sus puertas

Cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entraron a una tienda Target en Richfield, Minnesota, a principios de enero, y detuvieron a dos empleados, se marcó un nuevo capítulo en la relación entre las empresas estadounidenses y el gobierno federal.

En las Ciudades Gemelas, las operaciones federales de control de inmigración han convertido a los negocios en sitios de confrontación: agentes en los estacionamientos de las tiendas arrestan a jornaleros, redadas armadas en restaurantes e inspecciones de autorización de trabajo realizadas con equipo táctico.

Algunos minoristas reportan caídas de ingresos del 50% al 80% debido al confinamiento de los clientes por temor. A lo largo de Lake Street y en East St. Paul, áreas dentro de las Ciudades Gemelas, se estima que el 80% de los negocios han cerrado sus puertas en algún momento desde el inicio de sus operaciones.

Luego vino el asesinato de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, este último un día después de protestas generalizadas y un apagón comercial de un día que afectó a más de 700 establecimientos.

Gestión de riesgos corporativos

La respuesta de las empresas estadounidenses a esos asesinatos fue ilustrativa, tanto por lo que se dijo como por lo que no se dijo. Tras el asesinato de Pretti, más de 60 directores ejecutivos de las empresas más grandes de Minnesota —Target, 3M, UnitedHealth Group, US Bancorp, General Mills, Best Buy y otras— firmaron una carta pública organizada por la Cámara de Comercio de Minnesota. La carta exigía “paz”, “cooperación focalizada” entre las autoridades locales, estatales y federales, y una “solución rápida y duradera” para que las familias, los trabajadores y las empresas pudieran volver a la normalidad.

Lo que no hizo fue nombrar a Pretti, mencionar a las autoridades migratorias federales ni criticar a ninguna política o funcionario en particular. Se leía menos como liderazgo moral y más como gestión de riesgos corporativos.

Como investigador que estudia la participación política corporativa, creo que la carta del director ejecutivo de Minnesota es una ventana a un cambio más amplio. Durante años, las empresas podían adoptar posturas progresistas con un riesgo limitado: los activistas las castigaban si guardaban silencio sobre un tema, pero los conservadores rara vez tomaban represalias cuando alzaban la voz. Esa asimetría se ha derrumbado. Minneapolis muestra cómo se manifiesta el activismo corporativo cuando los riesgos son recíprocos: lenguaje evasivo, no se mencionan nombres y se pide calma.

Un patrón cambiante

En 2022, después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade, el sector corporativo estadounidense se mantuvo notablemente silencioso en comparación con sus posturas vocales sobre los derechos LGBTQ+ o la guerra en Ucrania.

La explicación: Las empresas tienden a evadir los temas controvertidos y polarizantes. En mi investigación con colegas sobre empresas que adoptan posturas sobre los derechos LGBTQ+ en Estados Unidos, he descubierto que las empresas formulan sus posturas de forma restrictiva cuando los problemas no se resuelven, centrándose en las preocupaciones del entorno laboral y en grupos de interés internos, como los empleados, en lugar de en una defensa más amplia. Solo después de que los problemas se resuelven legal o socialmente, algunas empresas adoptan un activismo más claro, adoptando el lenguaje de los movimientos sociales: injusticia, obligación moral, llamadas a la acción.

Según esa lógica, la cautela de los directores ejecutivos de Minnesota tiene sentido. La política federal de control migratorio de la administración Trump es muy controvertida. No se vislumbra un acuerdo legal o social claro.

Pero algo más ha cambiado desde 2022, algo que va más allá de cualquier cuestión particular.

Durante años, el activismo corporativo operó bajo una asimetría favorable que les permitió adoptar posiciones públicas sobre temas controvertidos sin mayores consecuencias negativas.

Es decir, activistas y empleados presionaron a las empresas para que se pronunciaran sobre causas progresistas, y el silencio tuvo consecuencias reales. Mientras tanto, los conservadores compartían en gran medida la visión del economista de libre mercado Milton Friedman, según la cual la única responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios. Por lo general, no exigieron a las empresas posturas sobre sus problemas ni organizaron sanciones constantes por el discurso progresista de las empresas.

Esa asimetría se ha derrumbado

Durante las protestas de Black Lives Matter de 2020, las corporaciones se apresuraron a declarar su compromiso con la justicia racial, la diversidad y la responsabilidad social. Desde entonces, muchas de esas mismas empresas han desmantelado discretamente sus programas de diversidad, equidad e inclusión, se han retractado de sus compromisos públicos y han guardado silencio sobre cuestiones que antes consideraban imperativos morales. Parece que sus supuestos valores profundamente arraigados dependían de un entorno político favorable. Cuando los riesgos cambiaron, los valores se evaporaron.

El punto de inflexión pudo haber sido la oposición de Disney a la ley “No digas que eres gay” de Florida en 2022. La compañía enfrentó críticas de empleados y activistas por no hacer lo suficiente, y luego feroces represalias del gobierno de Florida, que despojó a Disney de los privilegios de autogobierno que había tenido durante 55 años.

En otros ejemplos destacados, Delta perdió exenciones fiscales en Georgia tras cancelar los descuentos para los miembros de la Asociación Nacional del Rifle tras el tiroteo de Parkland. Y Bud Light perdió miles de millones en valor de mercado tras una única promoción en redes sociales en la que aparecía Dylan Mulvaney, un influencer transgénero.

Los conservadores aprendieron a jugar el juego que inventaron los activistas progresistas. Y a diferencia de los boicots de consumidores, las represalias gubernamentales tienen un peso diferente.

Minneapolis revela el nuevo panorama

Lo que distingue a Minneapolis es que el gobierno federal no es un actor político distante que debate leyes en Washington. Es una presencia física en las operaciones diarias de las empresas. Cuando agentes federales pueden presentarse en tu tienda, detener a tus empleados, allanar tu estacionamiento y auditar tus registros de contratación, la decisión de criticar la política federal es muy diferente a cuando el peor escenario es un tuit furioso de un político.

Las investigaciones revelan que los políticos están menos dispuestos a interactuar con directores ejecutivos que adoptan posturas controvertidas, incluso en reuniones privadas, independientemente de la situación económica local o de su propia visión de los negocios. El efecto disuasorio es real. Como señaló un observador, las empresas de Minnesota se comunicaban a través de asociaciones sectoriales específicamente “para evitar la exposición directa a posibles represalias”.

“Desescalada”, entonces, se ha convertido en la palabra de moda corporativa porque, como señaló un reportaje de The Wall Street Journal, “suena humana sin comprometerse políticamente“. Apunta a un objetivo de proceso —reducir el conflicto, restablecer el orden— en lugar de un diagnóstico controvertido de responsabilidad.

Un triple dilema

Este es el triple dilema que enfrentan las empresas de Minneapolis: la presión del gobierno federal por un lado, la presión de activistas y empleados por el otro, y la devastación económica causada por la propia aplicación de la ley —comparable en algunas zonas a la pandemia de covid-19— que las aplasta por completo. Es una situación que premia el silencio y castiga los principios, y la mayoría de las empresas están optando por la opción predecible.

Sin embargo, la situación dentro de las empresas también está llena de tensiones internas, tengan o no sede en Minnesota. En la empresa tecnológica Palantir, que tiene contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), los empleados recurrieron a los canales internos de Slack tras la muerte de Pretti para expresar que no se sentían orgullosos de trabajar para una empresa vinculada a quienes describieron como “los malos”. Sentimientos similares se observaron en otros lugares, donde los empleados de base expresaron una indignación mucho mayor que sus jefes.

¿Qué viene a continuación?

La carta del director ejecutivo de Minnesota refleja el compromiso político corporativo cuando los riesgos se extienden en todas direcciones: sin encuadrar la injusticia, sin atribuir culpas, sin nombrar nombres, solo llamados a la estabilidad y la cooperación.

Como lo expresó un escritor local de Minneapolis en un artículo de opinión: “Levántense o siéntense… porque los minnesotanos que se están poniendo de pie… no los reconocemos”.

No es cobardía, exactamente. Es lo que predice la investigación cuando un tema se debate y el costo de hablar es recíproco.

Pero sí significa que los estadounidenses no deberían esperar que las corporaciones lideren cuando el poder del gobierno está directamente en juego. Las condiciones que permitieron el activismo corporativo en defensa de los derechos LGBTQ+ —una asimetría donde alzar la voz era relativamente poco arriesgado— no existen aquí.

Hasta que el panorama político cambie, la declaración evasiva y la carta cautelosa de coalición son la nueva norma. Resulta que el activismo corporativo siempre pudo haber sido más una cuestión de posicionamiento que de principios.

Alessandro Piazza es profesor asistente de gestión estratégica en la Universidad Rice.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.