El cambio climático necesita más soluciones que discursos. México puede mostrarlas

El cambio climático en México exige pasar de las promesas a los resultados. Del 9 al 20 de noviembre, Antalya, Turquía, recibe la COP31. México llegará con un diagnóstico incómodo y, al mismo tiempo, con algo que escasea en estas cumbres: ejemplos de cosas que ya funcionan. La pregunta es cuál de las dos versiones del país va a dominar la conversación.

Cambio climático en México: la brecha de emisiones

El diagnóstico salió del encuentro Pre-COP31: de las metas a la acción, organizado por la Iniciativa Climática de México (ICM) en la Ciudad de México el 15 y 16 de octubre. Jorge Villarreal, director de Política Climática de ICM, presentó una cifra que conviene memorizar: 225 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esa es la brecha entre lo que México emitiría siguiendo su trayectoria actual y lo que prometió para 2030, según modelaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM, lo dijo sin rodeos a Infobae: “En este momento, en México cumplir las metas al 2030 y al 2035 va a estar difícil”. El compromiso para 2030 es reducir 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la línea base proyectada, y los sectores donde faltan recortes son los de siempre: energía, transporte, industria, bosques, agricultura y petróleo y gas.

El punto más áspero es Pemex. México se comprometió a reducir las emisiones fugitivas de metano en petróleo y gas (fugas, venteos y quema de gas en instalaciones) y, de acuerdo con Fernández Bremauntz, en la petrolera estatal “no se ha avanzado prácticamente”. Su comparación es directa: así como la presidenta Claudia Sheinbaum “metió en orden a la CFE” en materia de renovables, le tocará hacer lo mismo con Pemex.

Soluciones frente al cambio climático en México

Aquí es donde la historia cambia de tono. El mismo Fernández Bremauntz identificó dos avances que México puede presentar en Antalya. El primero es el regreso de las energías renovables con inversión privada y mixta: proyectos solares y eólicos, reglas claras para la participación de empresas y esquemas compartidos entre Estado y capital privado. “México ya lanzó renovables, ya está el sector privado, ya está invirtiendo”, resumió.

El segundo es la llamada Plataforma País de inversiones, un instrumento para definir cuánto dinero se necesita, qué proyectos deben desarrollarse y de dónde saldrán los recursos. La idea es que cada proyecto de generación limpia, eficiencia energética o electrificación se mida contra las reducciones que exige la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), en lugar de sumarse a la lista de iniciativas sin coordinación.

El gobierno federal, por su parte, llegará con metas y herramientas propias. En la inauguración de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza, el 6 de octubre en el Papalote Museo del Niño, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció en su intervención oficial que México presentará en la COP31 su Plan Nacional de Adaptación, ratificó la meta de cero emisiones netas en 2050 y la de que las renovables representen 38% de la generación eléctrica en 2030. También anunció ADAPTAMX, una plataforma con las 32 entidades para mapear vulnerabilidad regional ante lluvias intensas y sequías, y trabajos de recuperación de manglares en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, añadió la dimensión social: “no puede haber justicia climática sin justicia social”. Su argumento es que acelerar la transición energética reduce costos y emisiones, combate la pobreza energética y genera empleos.

Por qué importan más los ejemplos que las metas

Hay una razón de fondo para privilegiar lo tangible. En Fast Company, Diana Budds reseñó el libro Building Postcarbon Futures, de Billy Fleming, profesor de Temple University, que reúne 29 casos en 43 países sobre descarbonización y justicia climática: vivienda pública renovada en Burdeos sin expulsar residentes, una planta geotérmica propiedad de una Primera Nación en Canadá y, entre ellos, la milpa zapatista de Chiapas, una práctica agrícola de unos 2,000 años. Fleming critica los proyectos vistosos que son “gentrificación ecológica disfrazada de victoria climática” y defiende una idea simple: la política climática útil es la que la gente puede ver, tocar y sentir como propia.

México tiene material para ese catálogo. Tiene también el riesgo de que la cumbre se convierta en otro ejercicio de anuncios. Francisco Estrada, de la UNAM, estimó en la Pre-COP31 que los costos económicos acumulados del cambio climático durante el siglo podrían equivaler a seis veces el PIB de 2024. Y Mirey Atallah, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó una cifra que explica por qué los discursos no bastan: por cada dólar que se invierte en soluciones basadas en la naturaleza, se destinan otros 30 dólares a actividades que la destruyen.

La propuesta de ICM es monitorear y pedir cuentas: “Como sociedad civil, tenemos que pedirles cuentas”, dijo Fernández Bremauntz. Para las empresas mexicanas, el mensaje es parecido. Los 225 millones de toneladas no se cierran con compromisos firmados en Turquía; se cierran con parques solares conectados, flotillas electrificadas, procesos industriales más eficientes y una petrolera que deje de ventear metano. Ese inventario de soluciones es lo que México puede mostrar en Antalya. Lo demás ya lo escuchamos.

Cómo distinguir una solución de un anuncio

Leer el cambio climático en México desde los proyectos exige separar tres etapas: la meta que se comunica, los recursos que se asignan y el resultado que se obtiene. Una planta anunciada todavía necesita construirse y conectarse; una iniciativa de eficiencia debe mostrar qué consumo evita. Esa distinción no resta valor a la planeación. Permite preguntar cuánto falta para que el compromiso tenga un efecto que pueda medirse.

La Plataforma País apunta precisamente a ordenar esa conversación. Si los proyectos se comparan con las reducciones de la NDC, el criterio deja de ser cuántas iniciativas caben en una presentación. Importa qué parte de la brecha atiende cada una, quién debe ejecutarla y con qué recursos. Son preguntas útiles para seguir los anuncios después de la cumbre, cuando la atención pública suele desplazarse a otro tema.

También conviene distinguir reducción de emisiones y adaptación. La generación renovable busca cambiar cómo se produce electricidad; mapear vulnerabilidad ante lluvias y sequías ayuda a preparar respuestas frente a riesgos. Son trabajos complementarios. El anuncio de ADAPTAMX y la recuperación de manglares, recogidos también por La Crónica, amplían esa mirada más allá de una sola cifra nacional.

Del compromiso climático al seguimiento

Para una empresa, ese enfoque se puede traducir en una revisión de sus propios compromisos. Antes de presentar una iniciativa como solución, vale la pena explicar el problema que atiende, el punto de partida y cómo se observará el avance. Si la información todavía es una proyección, debe nombrarse como tal. Así, clientes, trabajadores y comunidades pueden distinguir una expectativa razonable de un resultado ya comprobado.

La dimensión social tampoco es un adorno del proyecto. Los casos de vivienda y energía mencionados en el libro de Fleming invitan a preguntar quién recibe el beneficio y quién conserva capacidad de decisión. La respuesta importa para evaluar una transición que pretende ser justa: una reducción de emisiones y una mejora en las condiciones de vida deben poder discutirse con evidencia, sin dar por hecho que siempre llegan juntas.