Choque entre Trump y el Papa revive disputa milenaria: ¿quién tiene la última palabra, el poder político o el religioso?

La alarma por la guerra de palabras entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV se ha intensificado con notable rapidez, desde The New York Times hasta el Daily Beast y la televisión local.

El Papa ha pedido repetidamente la paz en Oriente Medio desde el comienzo de la guerra con Irán, insistiendo en que “Dios no bendice ningún conflicto” y advirtiendo contra la “ilusión de omnipotencia“.

El 12 de abril, en una extensa publicación en redes sociales, Trump criticó a Leo calificándolo de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, y le dijo que “se concentrara en ser un gran Papa, no un político”. Su cuenta de Truth Social publicó, y luego eliminó, una imagen de Trump que parecía curar a un hombre, al estilo de Cristo.

Lo que está en juego en esta disputa pública es una vieja pregunta: ¿Puede un líder religioso desafiar el poder político, especialmente el de un gobernante de uno de los países más poderosos del mundo?

Como historiador medieval y editor principal de La historia del papado de Cambridge, no puedo evitar observar un patrón familiar.

Para muchos, el discurso de Trump contra el papa fue impactante. Pero los conflictos entre papas y gobernantes no son una excepción; son una constante en la historia occidental. Cada vez que los líderes políticos disfrazan su poder con un lenguaje sagrado, o los líderes religiosos denuncian públicamente la violencia política, reviven debates que se remontan a más de un milenio. Estas luchas no son simbólicas: giran en torno a quién ostenta la máxima autoridad sobre las personas, las almas y, en última instancia, sobre la historia misma.

Dos poderes entrelazados

Desde sus primeros siglos, el cristianismo estuvo estrechamente ligado a la política. El emperador romano Constantino legalizó la religión en el año 313. Posteriormente, presidió el Concilio de Nicea, una importante asamblea teológica, difuminando la línea entre el poder político y la autoridad espiritual.

En el siglo V, el papa Gelasio I articuló una visión rival: que el mundo estaba gobernado por dos poderes, el sacerdotal y el real. En última instancia, argumentaba que la autoridad espiritual superaba al poder político, pues prometía la salvación eterna. La teoría de Gelasio no resolvió la tensión entre ambos, pero estableció un marco perdurable para el pensamiento político cristiano.

La relación entre estas dos potencias cambió decisivamente en el año 800, cuando el papa León III coronó emperador a Carlomagno, rey franco, el día de Navidad. Este acto no fue meramente ceremonial. Implicaba que la autoridad imperial en Occidente emanaba de la Iglesia y que la legitimidad política requería la aprobación papal.

La coronación se produjo tras años de inestabilidad política en Roma y la creciente dependencia del papado de los francos para su protección militar. Tras la elección de León como papa en 795, sus oponentes lo atacaron y encontró refugio en la corte de Carlomagno. El rey regresó a Roma con León y reafirmó su legitimidad. A su vez, León coronó a Carlomagno, reafirmando así su papel como hacedor de emperadores, mientras que Carlomagno adquirió un aura sagrada.

Este momento transformó la teología política medieval. Impulsó a los gobernantes a considerarse guardianes tanto del orden político como de la ortodoxia religiosa, mientras que los papas pasaron de ser consejeros espirituales a participantes activos en el gobierno secular. El resultado fue una paradoja: los reyes invocaban a Dios para santificar la conquista, como hizo Carlomagno en sus brutales guerras contra los sajones. Mientras tanto, los clérigos se arrogaban la autoridad para contener la violencia, promovían las guerras justas y amenazaban los comportamientos violentos con sanciones espirituales.

Batalla por los obispos

Sin embargo, en el siglo XI, el papado buscó cada vez más liberarse del dominio secular. En particular, los papas querían seleccionar a los obispos de la Iglesia en lugar de permitir que la nobleza o un rey lo hicieran.

Esa lucha desembocó en la Querella de las Investiduras, uno de los conflictos más trascendentales de la Edad Media, y sentó las bases cruciales para la Carta Magna, el primer documento que sometió a la realeza a la ley. Ambos acontecimientos abordaron la misma cuestión fundamental: ¿Quién tiene derecho a otorgar autoridad y qué límites existen al poder político?

Lo que estaba en juego no era solo la administración eclesiástica, sino la soberanía misma. Los obispos eran importantes terratenientes y figuras políticas; controlar su selección significaba controlar la riqueza, la lealtad y el gobierno.

En su empeño por nombrar obispos, los papas insistían en que la autoridad espiritual emanaba únicamente de la Iglesia, desafiando la idea de que los reyes gobernaran con un poder ilimitado. Fue un intento decisivo de separar la legitimidad espiritual del control real y de imponer límites morales a los gobernantes que se atribuían autoridad divina.

La controversia sobre las investiduras se prolongó durante varias décadas. Finalmente, en 1122, el papa Calixto II y el emperador Enrique V firmaron el Concordato de Worms. El acuerdo otorgaba al papa el derecho a nombrar obispos e instituir su autoridad espiritual. El emperador, por su parte, les confería sus “temporalidades”: es decir, los poderes terrenales inherentes a su cargo, como tierras, ingresos, jurisdicción y poder coercitivo.

Controlar al rey

Un siglo después, la Carta Magna perseguía un objetivo similar.

Su trasfondo inmediato radicaba en el conflicto por el nuevo arzobispo de Canterbury, a quien el papa Inocencio III había nombrado en 1207. El rey Juan se opuso a su elección, lo que llevó a Inocencio a excomulgar al rey y a someter a Inglaterra a un interdicto, lo que significaba que los ingleses no podían participar en los sacramentos de la iglesia.

Para apaciguar las tensiones, Juan entregó Inglaterra al papa en 1213, convirtiendo el reino en un feudo papal. A cambio, recibió la aprobación de Inocencio para declarar la guerra a Francia.

Pero este acuerdo enfureció profundamente a los barones ingleses, que ahora se encontraban sujetos no solo a su rey, sino también a la autoridad papal. Tras la decisiva derrota de Inglaterra, Juan se vio obligado a enfrentarse a los barones rebeldes en su propio país.

El resultado fue la Carta Magna, la “Gran Carta”. Obligada a imponerse al rey mediante la resistencia armada, el documento afirmaba que el propio monarca estaba sujeto a la ley. Limitaba la autoridad real en materia de impuestos, justicia y castigo, y declaraba, de forma célebre, que ninguna persona libre podía ser encarcelada ni privada de sus derechos sin un juicio legal.

Sin embargo, Juan apeló al papa, quien anuló la carta poco después de su publicación. A pesar de este revés, la Carta Magna sobrevivió: el hijo de Juan, Enrique III, la reeditó varias veces, y su versión definitiva se implementó en 1225.

Adoptar una perspectiva a largo plazo

Visto desde esta perspectiva, el enfrentamiento entre Trump y Leo parece menos sorprendente. Cuando un presidente invoca un lenguaje o imágenes sagradas para justificar la violencia, y un papa responde negando la sanción divina, están recreando una lucha tan antigua como la cristiandad medieval: quién puede hablar en nombre de Dios y quién puede poner límites al poder.

El mundo medieval no resolvió esta tensión, pero aprendió a convivir con ella fragmentando la autoridad: primero entre la Iglesia y la corona, luego entre los gobernantes y la ley. Lo inquietante hoy en día es la facilidad con la que los líderes modernos recurren al lenguaje religioso para eludir las restricciones, y la aparente fragilidad de las instituciones destinadas a controlarlos.

Joëlle Rollo-Koster es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Rhode Island.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.