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Desde 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo del 7 de abril el Día Mundial de la Salud, el cual promueve el acceso a este derecho universal a la par de hacer conciencia sobre enfermedades y los retos para garantizarla. México tiene aproximadamente 132 millones de habitantes, sin embargo 81.5 millones no tienen la seguridad social o medios para acceder a servicios de salud, lo cual es una problemática grave en un país con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como el cáncer.
Solo 36.6 millones tienen acceso a servicios de salud gratuita, ya sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social (22.7 millones) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (13.9 millones). Y si bien, el gobierno trabaja para implementar un seguro social que cubra a todos los ciudadanos en cualquier institución pública, desafíos como la diferencia en la calidad y rapidez de atención hacen que seis de cada 10 mexicanos recurran al sector privado para atenderse a pesar del costo. Incluso con un presupuesto holgado para la salud, solo 13.9 millones (menos de 10% de la población) opta por contratar un seguro gastos médicos privado, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El problema es que tener seguro no significa estar completamente cubierto. De hecho, con póliza en mano, parte del gasto médico de estos productos se traslada al usuario a través de deducibles y coaseguros, pero también en los periodos de espera de reembolsos y las exclusiones de cobertura que hay dentro de los seguros, los cuales son significativamente más pesados cuando el seguro se utiliza para padecimientos de alto costo, que involucran hospitalizaciones, especialistas y tratamientos prolongados. Además, factores como el aumento de las primas, que pueden subir entre 20 y 40% anualmente, se vuelven factores decisivos para decidir continuar con un seguro e incluso regular desde la gobernanza los incrementos.
Seguros no tan seguros
Las pólizas de gastos médicos mayores no siempre están diseñadas para padecimientos prolongados. En enfermedades crónicas o de larga duración, los seguros pueden agotarse por límites de suma asegurada, cambios en la continuidad de cobertura o por la imposibilidad de renovar la póliza tras años de tratamientos costosos. En estos escenarios, los pacientes deben migrar al sistema público o asumir gastos privados para hospitalizaciones, complicaciones o recaídas, aun después de haber estado asegurados durante años.
Otro punto crítico ocurre cuando se pierde el seguro de gastos médicos y se cambia de sistema de atención. La transición del sector privado al público suele implicar modificaciones en tratamientos, listas de espera para procedimientos especializados y acceso limitado a ciertos insumos o implantes. Estas diferencias no responden necesariamente a decisiones médicas, sino a la disponibilidad institucional y a los cuadros básicos autorizados, lo que puede alterar la continuidad terapéutica.
La edad también funciona como barrera estructural. A partir de los 60 años, las primas de seguros de gastos médicos suelen incrementarse de forma considerable debido al mayor uso esperado de servicios de salud. Esto provoca que muchas personas cancelen su póliza por costos inaccesibles, quedando sin cobertura justo cuando aumenta la probabilidad de enfermedades graves o urgencias médicas. Además, pocos productos se centran en este sector de la población.
Incluso con seguro vigente, existen gastos que quedan fuera. Estancias prolongadas en terapia intensiva, cuidados neonatales, rehabilitación, medicamentos no incluidos, terapias domiciliarias o equipos especializados suelen pagarse por separado o bajo esquemas de coaseguro. En estos casos, la póliza reduce el impacto financiero, pero no elimina el riesgo económico para las familias.
Al final, el problema no es solo cuántos mexicanos tienen seguro, ya sea privado o público, sino qué tan protegidos están cuando realmente lo necesitan. Entre instituciones sobrepasadas, coberturas que se agotan, primas que se encarecen con la edad y exclusiones para padecimientos complejos, el acceso a la salud en México sigue dependiendo en gran medida de la capacidad de pago, por lo que enfermarse continúa siendo un riesgo financiero.
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